La investigación evidenció que las comunidades pesqueras de Puerto Vallarta presentaron importantes vulnerabilidades socioeconómicas frente a los impactos generados por la pandemia de COVID-19, particularmente en dimensiones relacionadas con estabilidad económica, protección social y capacidades de adaptación. La fuerte dependencia de la actividad pesquera, la pérdida de ingresos y las limitadas capacidades institucionales y comunitarias redujeron significativamente la capacidad de respuesta frente a escenarios de crisis. El estudio también identificó debilidades en los procesos de preparación, organización comunitaria y gestión adaptativa, resaltando la necesidad de fortalecer mecanismos de gobernanza, redes comunitarias y estrategias orientadas a la reducción del riesgo y la sostenibilidad territorial.

Principales aportes y recomendaciones: Fortalecer el acceso a protección social y servicios de salud - Promover estrategias de diversificación económica - Reforzar capacidades de adaptación y organización comunitaria - Impulsar mecanismos participativos y redes locales de colaboración - Integrar estrategias de reducción del riesgo alineadas con el Marco de Sendai - Desarrollar herramientas de evaluación para la resiliencia comunitaria y territorial.

La investigación evidenció que la infraestructura verde urbana puede desempeñar un papel clave en la reducción de riesgos hidrometeorológicos y el fortalecimiento de la resiliencia territorial en ciudades costeras como Puerto Vallarta. A través de la identificación de indicadores y el análisis territorial, el estudio destacó el potencial de soluciones basadas en la naturaleza para mitigar impactos asociados a inundaciones, deslizamientos y olas de calor.

Asimismo, se identificaron importantes desafíos relacionados con limitaciones de espacio urbano, financiamiento y adaptación frente a escenarios de cambio climático, resaltando la necesidad de integrar este tipo de infraestructura dentro de estrategias de planificación urbana y gestión sostenible del territorio.

La investigación demuestra que el desarrollo de indicadores de resiliencia socioeconómica requiere una base conceptual sólida y un enfoque metodológico sistemático capaz de integrar dimensiones sociales, económicas e institucionales dentro del análisis territorial. A partir de la revisión sistemática de literatura y la selección estructurada de indicadores, el estudio propone una herramienta flexible y adaptable a distintos contextos insulares expuestos a eventos hidrometeorológicos.

La propuesta metodológica contribuye al fortalecimiento de procesos de evaluación territorial y ofrece una base analítica útil para apoyar estrategias de planificación, gestión del riesgo y toma de decisiones en escenarios de vulnerabilidad y transformación.

La comunidad de la isla de Cozumel requiere una mejor gestión del riesgo frente a fenómenos pandémicos. Sin embargo, se identificaron bases sólidas en los servicios de emergencia debido a la experiencia previa del territorio con fenómenos hidrometeorológicos. Por otro lado, el estudio evidenció la necesidad de implementar planes integrales con enfoques multidisciplinarios, orientados no solo al fortalecimiento de herramientas técnicas y de ingeniería, sino también al desarrollo de capacidades sociales y adaptativas. En este sentido, los principales ejes para reforzar capacidades incluyen el fortalecimiento de la participación social, incorporando especialmente a los grupos más vulnerables para que puedan apropiarse de los procesos de resiliencia y convertirse en actores activos dentro de ellos. Asimismo, resulta fundamental mejorar el acceso a la información y al conocimiento sobre riesgos pandémicos con el objetivo de sensibilizar a la población y fortalecer sus capacidades de adaptación. De igual manera, los planes de salud y desarrollo económico deben integrar acciones orientadas a reducir desigualdades de género y procesos de marginación. También se destaca la necesidad de diversificar las actividades económicas del territorio para fortalecer las capacidades financieras de la población. Finalmente, el estudio subraya la importancia de proteger el medio ambiente frente a los impactos del turismo y valorar los recursos endémicos para promover una mayor autosuficiencia territorial.

La discusión y conclusiones destacan que la gestión de emergencias durante la pandemia de COVID-19 se volvió más compleja debido a la coincidencia de amenazas naturales y sanitarias. Aunque México contaba con protocolos de actuación, estos funcionaban de manera poco articulada, por lo que fue necesario adaptar estrategias específicas para enfrentar contingencias múltiples, como tormentas tropicales e inundaciones en un contexto de vulnerabilidad social y restricciones sanitarias. Un elemento clave fue el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales, que permitió coordinar acciones preventivas, especialmente en municipios con altos niveles de contagio. Entre las principales medidas implementadas estuvieron la reducción de capacidad en refugios, protocolos de limpieza y desinfección, brigadas comunitarias de salud y suministro de insumos básicos. Estas acciones ayudaron a evitar incrementos abruptos de contagios en 10 de los 11 municipios analizados. El caso excepcional fue el municipio de Escárcega, donde sí se observó un aumento significativo de casos tras la contingencia. Sin embargo, en términos generales, el comportamiento epidemiológico siguió tendencias similares al resto del país, lo que sugiere que las medidas de adaptación fueron relativamente efectivas. 

Finalmente, el estudio concluye que la resiliencia ante contingencias múltiples depende de la coordinación institucional, el monitoreo continuo de indicadores, la articulación entre niveles de gobierno y la adaptación de protocolos de emergencia. También señala la necesidad de fortalecer investigaciones locales y mejorar los sistemas de respuesta para futuras crisis combinadas entre desastres naturales y emergencias sanitarias.

Los resultados del estudio muestran que las comunidades de la Riviera de Coyuca presentan importantes debilidades en su Sistema de Alerta Temprana (SAT) frente a fenómenos hidrometeorológicos. Aunque algunos riesgos están identificados a nivel municipal, los conocimientos y percepciones de las comunidades locales son poco integrados en la gestión del riesgo, lo que explica las bajas evaluaciones obtenidas en la categoría de “conocimiento de los riesgos”.

En cuanto a los servicios de vigilancia y alerta, la ausencia de una red local formal de monitoreo y de personal técnico especializado limita la eficacia del sistema. Las alertas y la información provienen principalmente de los niveles nacional y estatal, sin garantizar que lleguen a toda la población.

Respecto a la difusión y comunicación, las alertas se transmiten principalmente mediante WhatsApp y redes institucionales vinculadas al turismo y la pesca. Sin embargo, muchos habitantes no reconocen claramente a los organismos responsables de emitir las alertas y la participación comunitaria en los procesos de coordinación sigue siendo limitada.

Finalmente, la capacidad de respuesta representa una de las principales debilidades del sistema. Aunque existen algunas prácticas locales, como la apertura artificial de la barra durante inundaciones, las comunidades no están suficientemente integradas en los planes institucionales de gestión del riesgo. Además, la ausencia de simulacros, evaluaciones de capacidades locales y campañas de sensibilización reduce significativamente la resiliencia de la población ante los desastres. El estudio concluye que un Sistema de Alerta Temprana efectivo debe construirse con una participación activa de las comunidades locales, integrando sus conocimientos, necesidades y grupos vulnerables para fortalecer la resiliencia territorial y mejorar la gestión del riesgo en zonas costeras.